Skip to content
  • Identifícate
  • Registro
  • Grupos
Algrano

Algrano

Sembrando la duda

0
Primary Menu
  • Inicio
  • Noticias
  • Calendario
  • Librería
  • Recursos
    • Contrainformación, bibliotecas virtuales y seguridad en la red
    • Directorio de Recursos Sociales
    • Podcasts de Colectivos Sociales de Extremadura
  • Recomendaciones
    • Fanzines Locales de AutoEdición
    • Libros Recomendados
    • Recomendaciones Multimedia
    • Textos Recomendados
  • Colectivos
    • Badajoz Antifascista
    • Caracol Extremadura
    • Contingencia Subversiva
    • CSOA La Algarroba Negra
    • Radio Libre
  • Contacto
  • Inicio
  • Todas las Noticias
  • Por proxímidad
  • Internacional
  • 2019
  • febrero
  • 27
  • Automatización, inteligencia artificial y desigualdad, o como la robotización nos aleja de la anarquía
  • Internacional
  • Control Social
  • Contra el Trabajo
  • Explotación Laboral

Automatización, inteligencia artificial y desigualdad, o como la robotización nos aleja de la anarquía

Por Contra Toda Nocividad 4 años

Un tema que preocupa, y mucho, es el impacto de la robotización y de la inteligencia artificial (IA) sobre las desigualdades sociales, el hecho de que estas tecnologías (dicen que se trata de la la quinta revolución … industrial ) destruyan puestos de trabajo netos hace pensar que, por muchos trabajadores, no sólo los no cualificados se acerca un largo período de profundización de la precariedad laboral.

Primero decir que se destruyen trabajos de mierda (algunos bien pagados, pero estos no son los mayoritarios) para sustituirlos por otros trabajos de mierda mal pagados, o un paro de mierda, en definitiva profundizar en las características merdoses del mundo. La nocividad del mundo industrial / capitalista va más allá de la división de los humanos en estamentos laborales y soluciones como la renta básica o los impuestos a los robots sólo hacen extenderla y profundizarla.

En EEUU la automatización ha destruido más de 700.000 puestos de trabajo en unos 20 años (de 1990 a 2007). Un robot añadido por cada 1.000 puestos de trabajo, reduce el empleo en 5,6 trabajadores y rebaja los sueldos un 0,5% … los robots y la IA hacen que la sociedad se vaya convirtiendo en dos sociedades separadas, una altamente cualificada y muy bien pagada, y otra cada vez más precarizada y con ingreso cada vez más bajos.

Los tecnólogos (o mejor tecnófilos), sobre todo los del sector de la robótica y la IA, mantienen que la automatización generará más puestos de trabajo que no los que destruirá, mantienen que esto a pasado cada vez que hay tenido un “progreso disruptivo “, olvidan los efectos que han tenido estas” disrupciones “, el proletariado ángulos tardó 40 años en recuperar los niveles salariales de antes de la primera revolución industrial y la miseria y el sufrimiento que provocaron ha sido ampliamente documentado, durante estos 40 años (acompañados de un incremento del coste de la vida) los sueldos, a lo largo de estos 40 años, se estancaron o decrecieron.

Además la revolución tecnológica actual tiene rasgos que no se dieron a las anteriores, básicamente la rapidez y la profundidad de los cambios, de hecho no hay ningún dato que permita suponer que los niveles de empleo y la renta de los más desfavorecidos se recupere , ni que la brecha social se haga más pequeña.

La solución educativa también debe ponerse en duda, los trabajadores de más de 40 años, tienen realmente posibilidades de formarse en las nuevas tecnologías y, además, alguien empleará a trabajadores mayores por muy formados que estén ?. Cada vez más, en el mundo industrializado, el acceso a la élite educativa va más ligada a la renta familiar y en la primera infancia de los niños. Por otra parte ser universitario es (en todo el mundo) cada vez más caro, por ejemplo Cataluña es la comunidad, de todo el estado, donde la aportación pública es más baja, el 68.6%, y los alumnos catalanes son los quintos (por la cola) en financiación por estudiante, y el coste por crédito es el más caro, las diferencias, naturalmente, las cubren los alumnos y los que tienen recursos se fugan a las privadas.

Los fenómenos ligados a la implantación de la robotización y la IA están bastante estudiados en EEUU, donde se dispone de más información estadística, pero en rasgos generales la situación en Europa y en otros lugares del mundo lleva la misma tendencia ( https: // www.technologyreview.es /).

Por ejemplo, los “Gilet amarillos” de Francia en son un síntoma, y la situación en los países emergentes de Asia es incluso más extremada, la automatización se extiende a gran velocidad y las desigualdades crecen exponencialmente.

En Europa se está produciendo una acumulación de la riqueza en manos privadas., En algunos países supera el 500% del presupuesto nacional, se ha retrocedido a los niveles de principios de siglo XX.

EL CASO DE EEUU.

En EEUU el salario medio de un hombre sin estudios secundarios cayó en un 29% entre 1990 y 2013, y el de los que sólo tenían los secundarios un 13%, en el caso de las mujeres (con unos ingresos mucho menores) las que sólo tenían los primarios cayeron un 12%, mientras que las que tenían los secundarios crecieron un mísero 3%.

En EEUU el 1% más rico posee el 34% de la riqueza, y el 0.1% más rico posee el 15%, el 10% mejor pagado acumula el 40% de los ingresos totales.

EL CASO DE LA CIUDAD DE PITTSBURGH.

Pittsburgh, sufrió una cruel recesión con el cierre de las fábricas de acero (base de su economía), ahora se está “recuperando” con la implantación de empresas de alta tecnología como Uber Advanced Technologies (la empresa que desarrolla conducción autónoma por uber) y de las “star-ups” de conducción autónoma Argo AI y Aurora Innovation, también se ha instalado en Pittsburgh la división de funcionamiento autónomo de Caterpillar, empresa de maquinaria pesada. El impacto sobre Pittsburgh ha sido espectacular, pero en la práctica lo que ha hecho ha sido gentrificado la ciudad, los precios de la vivienda han subido astronómicamente, la población va envejeciendo y 70.000 personas de entre 35 y 54 años han abandonado la zona.

EL CASO DE GREENVILLE.

La economía de Greenville estaba basada en la industria textil, los cierres y deslocalizaciones la hundieron en una crisis de la que salió apostando por empresas de fabricación como BMW, ABB, Flúor, Michelin, Bosch y la división energética de General Electric, el paro bajó por debajo de la media … pero paralelamente que los ingresos per cápita han disminuido, el número de personas que dependen de los cupones de comida se ha duplicado y 22% de los niños viven en hogares pobres. Estos datos van ligadas a la automatización de ellos fábricas establecidas, por ejemplo BMW tiene en la planta de Greenville 1.400 robots que producen un coche casi cada minuto, cuando se inauguró la planta los robots hacían 30% del trabajo de taller, ahora hacen el 99%.

SILICON VALLEY.

Silicon Valley es el ejemplo paradigmático del desarrollo de las tecnologías digitales, y un espejo donde se miran todas las ciudades y países que quieren basar su desarrollo en la automatización y la inteligencia artificial. Barcelona (o su Área Metropolitana) quiere ser el Silicon y Cataluña el Estado de California.
California, el espejo para algunos catalanes, es la octava economía del mundo, muy por delante de muchísimos países, pero también es el que tiene un mayor índice de pobreza de EE.UU., si se pondera respecto el coste de la vida (con los mismos ingresos, es más pobre un californiano que un habitante de Mississippi).

Bajando al nivel local, en la zona del Silicon la cosa no mejora. Be que es cierto que los ingresos “medios” en Silicon Valley eran, en 2013, de más de 70.000 € (un 70% por encima de la media de los EE.UU.), pero un 31% de los trabajos se pagaban por debajo de los 12 € hora , cifra que no permite mantener una familia en un área donde el coste de la vida (sobre todo la vivienda) es muy caro. En el corazón de Silicon Valley, en el condado de Santa Clara las personas que viven por debajo del umbral de pobreza son más del 19%.

La situación, con el paso de los años, no sólo ha continuado igual sino que ha empeorado, ha empeorado por los desfavorecidos, para los demás ha mejorado … no es de extrañar que los vecinos de la zona reaccionen violentamente ante la prepotencia y la suficiencia de los favorecidos por la brecha tecnológica. Los autobuses que transportan a los trabajadores de Google desde San Francisco hasta la sede, han sido apedreados repetidamente, obligándolos a cambiar de recorrido, camuflarse ya circular con protección.

LOS PAÍSES EMERGENTES.

La situación en los países emergentes, los BRICS es la misma pero más extremada, la brecha social entre la coalición de ricos y “tecno-emprendedores” es aún mayor.

La distancia entre los privilegiados y los excluidos ya era mayor a raíz del desarrollo propiciado por la globalización (a costa del medio ambiente local y de la vida de la población), ya era abismal y los últimos años se ha profundizado.

Muchos países emergentes se habían especializado en trabajos intermedios, como por ejemplo la India con los informáticos y algunas tareas de ingeniería, en la India estos trabajadores cualificados de base eran hasta 10 veces más baratos. La introducción de la IA a permitido a grandes corporaciones indias despedir a un gran número de técnicos e informáticos, el sector antes del 2021 se calcula que habrá eliminado más de 480.000 puestos de trabajo de este tipo.

La deslocalización se comporta como las fichas del dominó, la actividad económica más intensiva en mano de obra se va trasladando de un país a otro al compás de las remuneraciones, así muchos gigantes industriales indios (Tata, Infosys … ) han trasladado los centros de llamadas en Filipinas donde los sueldos son aún más bajos, el siguiente paso, aparte de un nuevo traslado (tal vez en África) será la generalización total (ya está muy avanzada) de los chatbot con IA avanzada.

En 2017 la mayor parte de los robots instalados en el mundo, lo fueron en Asia, 138.000 en China, 45.600 en Japón, 39.700 en Corea … esto contrasta con los 33.200 de EEUU y los 21.400 de Alemania. Otros países europeos son aún más chocantes si vemos que Francia y España, con 4.900 y 4.200 respectivamente, contrastan con los 8.300 de Vietnam o los 3.400 de la India (https://ifr.org /).

La densidad de robots (robots por cada 10.000 trabajadores) nos indica que todavía hay en el mundo de los emergentes un amplio margen de automatización (y de exclusión, de precarización y de explotación). Así por ejemplo China tiene una densidad de sólo 97 robots por cada 10.000 trabajadores, llegar al nivel de Corea supondría la desaparición de 34.000 puestos de trabajo por cada 10.000 trabajadores.

El país con la mayor densidad, Corea, tiene 710 robots por cada 10.000 trabajadores, esto nos indica que sin este 710 robots el número de trabajadores sería de 139.760i que sus sueldos han sido rebajados en un 35%.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
La izquierda vincula el bienestar al crecimiento económico ya la capacidad del estado para recaudar recursos económicos, sin contar que el malestar no es debido sólo a la falta de recursos materiales, sino a la humillación, la postergación y la vida vacía y alienada a la que nos someten a todos, parados, activos y jubilados (las tres únicas descripciones que permite el sistema).

Las soluciones no son los balances económicos, ni los impuestos a la robotización, ni la formación en nuevas tecnologías, ni la renta básica, el problema es la misma sociedad tecnoindustrial en sí misma y todos sus anexos tecnológicos y sociales.

No hay que ir demasiado lejos, nuestros “ancestros” lo tenían más claro que nosotros, y fueron luddites, no sólo en la Inglaterra de la industrialización, sino también en cualquier parte donde se estaba introduciendo la mecanización, y sobre todo donde se introducía la megamáquina de la desdicha …

SEAMOS luddites !!

 

Fuente: Negre i verd

Contra Toda Nocividad
contratodanocividad.espivblogs.net

  • Explotación laboral y paro en un mundo de robots e inteligencia artificial
    Explotación laboral y paro en un mundo de robots e…
  • Denuncian ante el Parlamento Europeo el uso de fondos públicos en proyectos de ingeniería social
    Denuncian ante el Parlamento Europeo el uso de…
  • Instan a la Junta a que potencie la agroecología y no la expansión de los cultivos de regadíos.
    Instan a la Junta a que potencie la agroecología y…
  • LA REALIDAD DE LAS PLANTAS TERMOSOLARES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE FREGENAL DE LA SIERRA
    LA REALIDAD DE LAS PLANTAS TERMOSOLARES EN EL…

Compartir en redes:

  • Compartir
  • Twitter
  • Mastodon
  • Facebook
  • Telegram
  • WhatsApp
  • Instagram
  • Correo electrónico
  • Imprimir

Me gusta esto:

Me gusta Cargando...

Continue Reading

Anterior Reflexiones sobre la Técnica y el Estado
Siguiente Italia – Sobre la represión contra les anarquistas en Italia

Deja un comentario Cancelar respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Síguenos en Facebook

Síguenos en Facebook

Síguenos en Twitter

Mis tuits

Últimas noticias

  • Frente a la barbarie de la guerra hay que poner fin a los combustibles fósiles y nucleares

    · La lucha contra la emergencia climática es hoy más que nunca un grito por la paz.   · La invasión a Ucrania y las sanciones de la Unión Europea muestran de nuevo la enorme dependencia de la economía de los combustibles fósiles y cómo estos llevan décadas financiando las guerras.   · Esta crisis debe impulsar la transformación del sistema actual hacia la soberanía energética y alimentaria, la justicia climática y no resucitar proyectos fósiles obsoletos.   Ecologistas en Acción se opone a la guerra y a las agresiones militares, vengan de quien vengan. El régimen de Vladimir Putin debe retirar inmediatamente sus tropas de Ucrania y tanto Rusia, Ucrania como la OTAN deben cumplir los Acuerdos de Minsk. Lo que se necesita es un rechazo claro a la escalada militar y una vuelta a la diplomacia. Por todo ello, Ecologistas en Acción lanza un llamamiento a la sociedad para manifestarse contra la agresión de Rusia y la guerra en Ucrania, el militarismo de la OTAN y los intereses económicos de la Unión Europea (UE) en el conflicto de Ucrania.   La invasión a Ucrania ha puesto de manifiesto la tremenda adicción de la UE a los combustibles fósiles, que a su vez tiene un enorme coste social, ambiental y climático. Hoy más que nunca, la guerra evidencia las costuras del sistema y señala que se atraviesa en un momento crucial para acelerar la transición energética y la reducción del consumo energético actual. Las sanciones y medidas para dejar de financiar esta guerra no deben ser la excusa para incrementar las infraestructuras de combustibles fósiles o para resucitar obsoletos proyectos que ya se habían descartado hace años.    En este escenario, la UE plantea diversificar las fuentes energéticas con el objetivo de reducir su dependencia al gas ruso. Esta propuesta ya fue planteada hace varios años. El resultado es que el gas ruso sigue representando el 45 % de las importaciones de gas europeas. Del mismo modo, no se pueden obviar los enormes impactos que suponen las alternativas contempladas por la UE, como las importaciones de gas proveniente del fracking de EE UU o aumentar el flujo de gas azerí y del petróleo saudí.   Otra propuesta de la UE es que España se convierta en un centro de exportación de gas al resto del continente europeo. La organización ecologista declara que esta medida es inviable. Las importaciones por gasoductos desde Rusia hacia la UE alcanzaron los 13 millones de pies cúbicos al día en 2020, lo que supone más de 17 veces la capacidad de exportación de gas actual del Estado español. El incremento necesario para abastecer a la UE debería realizarse mediante la importación de gas a través de barcos metaneros, lo que conllevaría multiplicar por tres la recepción de estos. Unas importaciones cuyo coste económico y ecológico es más elevado.    Aún así, grandes empresas del sector y algunos representantes políticos están intentando resucitar proyectos altamente impactantes como son el gasoducto MidCat y la regasificadora ilegal de El Musel. Proyectos que ya fueron rechazados por sus elevados costes económicos y socioambientales y que, lejos de ser una solución, se convertirían en un problema a largo plazo: no favorecen la seguridad ni diversificación energética de la UE, sino la generación de activos varados que incrementarían más aún a la dependencia del gas fósil en el futuro.   Estas propuestas son contrarias al cumplimiento del Acuerdo de París y a la propia transición energética de la UE. Solo servirían para seguir beneficiando a empresas energéticas de beneficios millonarios como Enagás. En su lugar, la inversión proyectada para estos proyectos debería ser destinada a medidas de reducción de la demanda y el adecuado desarrollo de las renovables, medidas que sí que tendrían un efecto inmediato para la seguridad energética y establecerían las bases de una transición justa.    Por otro lado, la UE debe impedir la puesta en marcha del polémico gasoducto Nord Stream 2 (NS2) que une Alemania y Rusia, y que ha supuesto un gasto de miles de millones de euros que podrían haber servido para impulsar la transición energética. Sin embargo, si Alemania, tal y como anunció cuando se iniciaron los ataques, no emite la certificación necesaria para el inicio de las operaciones del gasoducto, el consorcio multinacional que está detrás de NS2 podría impugnar esta decisión a través de demandas multimillonarias contra el país y la UE en su conjunto bajo el Tratado de la Carta de la Energía (TCE). Por ello, Ecologistas en Acción recalca una vez más su oposición al TCE y exige la salida inmediata de España y el resto de países de la UE. Es hora de dejar de pagar con dinero público compensaciones por infraestructuras inútiles que agravan la crisis climática.   Con respecto a las medidas para evitar una subida inasumible de la factura de la luz, si bien el establecimiento de un límite de precio en las subastas o la eliminación de los beneficios caídos del cielo a las eléctricas son importantes, todavía se está muy lejos de una reforma a la altura de las circunstancias. Excluir al gas del sistema de subasta es un parche temporal que no evitará la tendencia alcista de los precios de la electricidad. La liberalización del mercado y un sistema tarifario injusto controlado por las empresas del oligopolio eléctrico siguen siendo las causas subyacentes de una escalada de precios que no parece encontrar freno, tal y como Ecologistas en Acción lleva tiempo advirtiendo.    Los combustibles fósiles están íntimamente ligados a la pobreza energética. Las familias más vulnerables son las más afectadas por la subida de estos precios, ya que son las que menor capacidad tienen para invertir en medidas de eficiencia energética. Es más fundamental que nunca garantizar el apoyo a estas familias mediante la implementación de una tarifa social, una rápida rehabilitación energética de las viviendas y el cambio a sistemas térmicos renovables.   El peor de los temores es que el conflicto escale a una guerra nuclear, que […]

    […]
  • Escapar del gas para construir un mundo pacífico y resiliente

    No a las falsas soluciones para el sistema energético · La red Gas No Es Solución, de la que formamos parte Ecologistas en Acción, queremos expresar nuestra solidaridad con toda la población afectada por la guerra de Ucrania y por todos los conflictos en activo. · Deseamos que el conflicto bélico acabe lo antes posible e instamos a todas las partes a respetar el derecho internacional humanitario que protege a la ciudadanía civil de los ataques. Por ello, demandamos un alto al fuego inmediato.    Somos conscientes de que en todo el mundo las personas sufren enormemente por los impactos del cambio climático, la pandemia de la COVID–19 y por las guerras en curso. El reciente informe del IPCC arroja una imagen aterradora de los impactos que ya se están sintiendo en todo el planeta, y que resultan mucho más duros en el Sur global. No queremos que otro conflicto armado traiga más inestabilidad y pérdida de vidas. Necesitamos unidad y capacidad para afrontar los retos que nos esperan.   La situación actual pone de manifiesto que los combustibles fósiles y los impactos del cambio climático exacerban los conflictos, haciendo sufrir aún más a las personas más vulnerables. Por esta razón, una mayor inversión en combustibles fósiles e infraestructuras relacionadas aumentará las perforaciones, el fracking, las emisiones asociadas y solo servirá para empeorar los impactos en el planeta y la salud de las personas.   Esta guerra ha dejado aún más claro la gran dependencia europea y del Estado español de los combustibles fósiles, en especial del gas fósil. También ha arrojado luz sobre la importancia de nuestras finanzas públicas y lo relevante que es ser conscientes de en qué manos acaban y qué apoyan. Las compañías gasistas se han beneficiado enormemente de la crisis de los precios de la energía y pretenden sacar más provecho de la guerra.   Necesitamos una eliminación progresiva de los combustibles fósiles, en el Estado español, en Europa y en todo el mundo. Para ello, debemos impulsar una transición energética rápida y justa que nos aleje del carbón, el petróleo, el gas y la nuclear, para conducirnos a la democratización de la energía, al ahorro energético y a las energías renovables. Este es el único camino viable para reducir rápidamente la dependencia de los combustibles fósiles, contribuyendo al mismo tiempo de forma justa a alcanzar el objetivo del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C.   Sin embargo, no se están tomando las medidas necesarias ni en el Estado español ni en la Unión Europea (UE). Esta guerra debe de ser un punto de inflexión para la transición energética, para ello se debe:   – Aumentar la ambición climática y garantizar la seguridad energética. La UE y los Estados Miembros deben asegurar la integridad y ambición del paquete legislativo sobre clima y energía «Fit for 55» y otras herramientas, como los Planes Integrados de Energía y Clima (PNIEC). – Sacar al gas y la nuclear de la taxonomía verde. El conflicto actual pone de manifiesto que estas energías no cumplen con el objetivo de No Causar Daño Significativo (DNSH por sus siglas en inglés) ni producen una contribución sustancial a los objetivos climáticos, sino que son el origen de conflictos geopolíticos y objetivos militares altamente peligrosos. – Lograr un sistema energético 100 % renovable antes de 2040. La UE y sus miembros deben acelerar urgentemente las medidas para reducir significativamente la demanda de energía y promoción de energías renovables. Para ello, el gas fósil debe quedar fuera de los hogares como tarde en 2035.   – Evitar la expansión de infraestructuras de combustibles fósiles y otras falsas soluciones. Las medidas a corto plazo adoptadas por el Estado español y la UE para hacer frente a la crisis energética no deben poner en peligro el camino ya recorrido en materia de acción climática, evitando por todos los medios la expansión de las infraestructuras de combustibles fósiles y otras falsas soluciones que se están planteando estos días. Una de ellas es la puesta en marcha de la regasificadora de El Musel. Además de ilegal, es totalmente innecesaria por la capacidad de almacenamiento y regasificación ya existentes. O el resurgimiento del proyecto del gasoducto MidCat, que no resulta una solución en ninguno de los horizontes energéticos si queremos cumplir con el Acuerdo Verde Europeo. Por otro lado, el hidrógeno no puede convertirse en una falsa coartada que fortalezca el papel del gas fósil en el mix energético.   – Impulsar la transición justa para proteger a la población vulnerable de los precios volátiles de la energía. El acceso a la energía limpia debería garantizarse mediante una tarifa social efectiva, fomentando al mismo tiempo el cambio masivo de calderas de gas por sistemas térmicos renovables y la inversión en eficiencia energética en los edificios. – Desvincular el precio de la luz del gas. Las medidas de reducción de la demanda junto con la electrificación son la mejor alternativa al gas fósil. Sin embargo, actualmente es el gas fósil quién acaba marcando los precios, aun cuando sólo una pequeña parte de la electricidad se produce a partir de gas (17 % en 2021). Este sistema perverso fomenta el empobrecimiento de la población en favor de las ganancias de las grandes compañías energéticas, además, distorsiona las señales de precio, dificultando la apuesta por la electrificación. – Prohibir la publicidad que promueva el uso de cualquier combustible fósil como combustible de transición a las energías renovables. La promoción de los combustibles/energía fósil como transitorios supondría una resistencia al cambio a las energías renovables y, por tanto, un freno en la apuesta por un futuro sostenible. Necesitamos construir un futuro más resistente, pacífico y seguro, en el que la acción climática y el compromiso de la población nos lleve a consumir menos energía y que la consumida sea sostenible, renovable, asequible y libre de conflictos. Una sociedad con energía renovable accesible para todas las personas no solo ayudará a afrontar la crisis climática, sino que […]

    […]
  • La disputa sobre quién nos alimenta

    Mucha gente, sobre todo en las ciudades, cuando se pregunta quién produce los alimentos, piensa en extensos campos y maquinarias, grandes empresas y supermercados. Muchos saben que esos alimentos no son los mejores, pero creen que son los que proveen la alimentación de la mayoría. Es un mito. Incluso la FAO (organización de alimentación y agricultura de la ONU) reporta que las granjas familiares producen 80 por ciento de los alimentos, lo cual reafirmó al inicio del Decenio de la agricultura familiar (2019-2028). No obstante, un estudio reciente patrocinado por la propia FAO ( Which farms feed the world and has farmland become more concentrated?, de Lowder S.K. et al, en World Development, 2021) afirma que la agricultura campesina solamente produce cerca de un tercio de los alimentos, una conclusión similar a la de otro estudio anterior ( How much of the world’s food do smallholders produce?, de Ricciardi V et al, en Global Food Security, 2018) en el que se basan parcialmente. Esto en parte se debe a la confusión de conceptos que ha creado la propia FAO sobre qué es agricultura familiar. Pero lejos de ser un tema académico, el problema es que esos estudios se toman como referencia para definir políticas públicas sobre alimentación. Por ejemplo el artículo Lowder et al, concluye que existe una parcialidad en favor de la agricultura de pequeña escala y se debe apoyar mucho más con recursos públicos a la gran agricultura industrial. La realidad es diametralmente opuesta: mientras la agricultura de pequeña escala sufre todo tipo de discriminación y escasamente cuenta con apoyo de programas oficiales, las cadenas industriales están subsidiadas directa e indirectamente a gran escala en la mayoría de los países. Ante esta nueva posición de la FAO; un grupo de organizaciones que hemos investigado el tema por décadas, dirigimos una carta a ese organismo, planteando la contradicción de estas posiciones y exponiendo los múltiples errores en que se basan estos estudios. La carta y un documento más extenso explicando éstos con detalle se puede descargar aquí: https://tinyurl.com/jhp5nhke). La FAO no ha respondido. Las trasnacionales de agronegocios están felices con los nuevos estudios. También fueron acogidos con entusiasmo por prensa internacional y adoptados como referencia por fuentes de información muy acudidas y que se presentan como neutrales como Our World in Data, aunque ésta es financiada por la Fundación Bill y Melinda Gates, conocidos promotores de la producción alimentaria industrial, química y transgénica. Según la investigación de Grupo ETC, Grain y otras organizaciones, más de 70 por ciento de la población mundial basa su alimentación en lo que provee la red campesina de alimentos, aunque esa red tiene menos de 25 por ciento de la tierra y agua agrícola. En contraste, la cadena industrial alimentaria, controlada por empresas trasnacionales, tiene y usa más de 75 por ciento de la tierra, agua y combustibles de uso agrícola a nivel global. Además, por cada peso que pagamos por un alimento de la cadena industrial, pagamos dos pesos más por los daños ambientales y a la salud que provoca esa cadena, un dato que estimó el Grupo ETC en 2017 y que volvió a mostrar un estudio de la Fundación Rockefeller en 2021. («Quien nos alimentará» https://tinyurl.com/4kr6h8uv) La cifra de que 70 por ciento de la población mundial se alimenta por las redes campesinas, incluye en esas redes, entre otras, a la producción campesina e indígena, las y los pescadores artesanales, sistemas pastoriles, apicultura, agricultura de montaña y silvicultura tradicional, recolección y caza tradicional, así como huertas urbanas. Todas esas fuentes que son esenciales para proveer alimentos, son total o mayormente ignoradas en el nuevo estudio de la FAO. Ese estudio (Lowder et al) sólo toma en cuenta la producción agrícola, no si esta se consume, si es para alimentación y a quién llega; define además una medida única y limitada de superficie de tierra (finca campesina sería hasta 2 hectáreas sin importar el tipo de terreno, las condiciones ni las diferencias regionales); sólo considera la producción de cultivos (y algo de ganadería); no hace diferencia entre el valor nutricional de los alimentos, entre otras cosas. (Ver crítica detallada en https://tinyurl.com/bduhzcdx) Aun así, con esos parámetros tan limitados, llegan a la conclusión que las fincas pequeñas (menos de 2 hectáreas) cultivan 35 por ciento del alimento mundial con 12 por ciento de la tierra agrícola, lo cual por sí solo muestra que son mucho más productivas en alimentos que las grandes instalaciones. Tampoco toman en cuenta que en agricultura industrial, pese a producir grandes volúmenes por hectárea, una gran parte no va a alimentación, sino a agrocombustibles, forrajes y otros usos industriales, además de conllevar un alto nivel de desperdicio (hasta 50 por ciento según otros reportes de FAO) en campo, transportes, supermercados y hogares. No consideran tampoco el desperdicio causado por la comida industrial que no alimenta, sino que produce malnutrición, obesidad, diabetes, hipertensión, etcétera. El tema de quién y cómo nos alimentamos es vital para todas y todos. Conocer, apoyar y afirmar a las redes campesinas, que son quienes realmente proveen el alimento de la mayoría de la población es fundamental, a todos los niveles. Fuente: La jornada

    […]
  • Durísimo varapalo judicial a la Junta de Extremadura por el caso de Valdecañas

    Ecologistas en Acción se felicita porque todos sus argumentos han sido recogidos de forma contundente en la sentencia del Tribunal Supremo: la urbanización es ilegal de principio a fin y deberá demolerse. La Junta de Extremadura nunca debería haber permitido la construcción. La sentencia también supone un fuerte correctivo al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que intentó evitar la demolición de todas las edificaciones ya concluidas. Acaba de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo en la que estima el recurso de casación presentado por Ecologistas en Acción en contra de la ejecución de sentencia que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en junio de 2020. En dicha ejecución se permitía el mantenimiento de todo lo construido y acabado en la urbanización Isla Marina de Valdecañas, pese a que el mismo tribunal había reconocido su ilegalidad. Para Ecologistas en Acción esta decisión significaba un peligroso precedente: que el Tribunal Superior extremeño asumía la política de hechos consumados que tan dramáticos resultados ha provocado en nuestra ordenación urbanística. Pero, en un cambio radical de la situación, ahora el Tribunal Supremo admite en la sentencia 162/2022 de manera categórica que esta interpretación no se ajusta a derecho. Efectivamente la sentencia concluye que no puede ignorarse que “LA ACTUACIÓN DE LA JUNTA DE EXTREMADURA AL APROBAR EL PIR [Plan de Interés Regional en el que se permitía la urbanización] FUE CONTRARIA A DERECHO. La Administración al aprobar el PIR Marina Isla de Valdecañas actuó como si la protección del terreno no existiera y decidió transformar urbanísticamente el suelo como si de suelo sin protección alguna se tratara, adoptando una decisión fuera del orden o común modo de obrar. La actuación administrativa no era conforme a Derecho al no haber actuado la Junta de Extremadura como la primera y eficaz garante del ordenamiento medioambiental y urbanístico” [las mayúsculas son de la sentencia]. Los duros términos dejan claro el enfado del Tribunal con la muy cuestionable actuación de la Junta. Y prosigue diciendo que no es admisible alegar imposibilidad material de demolición, como hizo el TSJEx porque “la responsabilidad económica que pueda resultar para la Administración en este caso, lejos de resultar desproporcionada, se corresponde con el alcance de su responsabilidad en la transformación urbanística declarada ilegal y cuya reparación se trata de obtener mediante la ejecución en sus propios términos de las correspondientes sentencias”. Claramente, una fortísima reprimenda. Y termina: «Procede concluir que, en este caso, no se aprecia la concurrencia de causas que justifiquen la imposibilidad material de ejecución de las sentencias en sus propios términos en cuanto a la demolición de lo construido y en funcionamiento, imposibilidad material que ha de examinarse atendiendo a las circunstancias del caso concreto y los derechos e intereses comprometidos en la ejecución, y que no puede identificarse con el hecho de que la ejecución presente dificultades o la conveniencia de atender otros intereses que no pueden imponerse a los que resultan tutelados por los pronunciamientos judiciales que se trata de llevar a efecto, en garantía de la seguridad jurídica que se vería seriamente afectada por la falta de realización del derecho reconocido judicialmente, ejecución que como señala el Tribunal Constitucional en las sentencias antes citadas, constituye un derecho fundamental y ha de consistir precisamente en lo establecido y previsto en el fallo». Ecologistas en Acción se felicita por esta sentencia, que pone a cada cual en su sitio y desvela con rotundidad dónde están las verdaderas responsabilidades en este gigantesco fiasco que ha sido la construcción de Marina de Valdecañas. Algo especialmente importante en un momento de auténtico acoso y criminalización de los colectivos ecologistas que han venido defendiendo la legalidad en este caso. Asimismo, la organización ecologista espera que la sentencia contribuya a que se deje de actuar con impunidad y prepotencia en los proyectos urbanísticos. Por eso exigirá a la Junta de Extremadura que inicien cuanto antes los trámites para la demolición del complejo urbanístico que nunca debieron alentar ni permitir.    

    […]
  • Exigen que se demanden responsabilidades a los verdaderos culpables del fiasco de Valdecañas

    · La organización ecologista está sufriendo un tremendo acoso mediático por intentar que se cumpla la legalidad urbanística, pero la Junta de Extremadura utilizó todo tipo de estratagemas para tratar de justificar un proyecto ilegal e irresponsable. · La empresa promotora solo buscaba su lucro, los compradores eran conscientes de la ilegalidad del proyecto y, por último, los juzgados no decretaron la necesaria paralización cautelar de la urbanización cuando pudieron evitar que se construyeran los edificios que ahora hay que demoler. Ecologistas en Acción está sufriendo un tremendo aluvión de críticas y descalificaciones desde todos los estamentos por hacer lo que le correspondía a la Junta de Extremadura y que nunca hizo: defender la legalidad urbanística en el caso de Marina de Valdecañas. Como han ido demostrando las continuas sentencias, el proyecto era ilegal desde el principio: no se podía urbanizar en un espacio protegido (declarado por la propia junta de Extremadura, no por las organizaciones ecologistas) y no era constitucional modificar la ley de suelo de Extremadura en contra de normas de rango superior para justificar la urbanización. Sin embargo, nadie en la Junta de Extremadura ha asumido ninguna responsabilidad política por este despropósito. Continuamente desvían la atención hacia la acción de los colectivos ecologistas, Adenex y Ecologistas en Acción, que iniciaron este proceso judicial. Estos días se ha llegado incluso a cuestionar por parte de Guillermo Fernández Vara la utilidad de la Red Natura 2000, volviendo a discursos que no se escuchaban desde los peores años del desarrollismo. El papel que ha jugado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) también es reseñable. Después de varias resoluciones en contra del proyecto, sentenciaron en marzo de 2011 la nítida ilegalidad del mismo. Pero pusieron las condiciones para que las obras siguieran adelante al exigir una fianza de 41 millones de euros para que se paralizaran los trabajos, algo inalcanzable para organizaciones sin ánimo de lucro como Adenex y Ecologistas en Acción. Posteriormente, en junio de 2020, desde el mismo TSJEx se declaró la “imposibilidad material” de demoler lo que años antes no impidieron que se construyera, incluso retorciendo las conclusiones del estudio que había hecho el CSIC y que concluía que la mejor opción para la recuperación el espacio natural era la demolición. Efectivamente, el exhaustivo trabajo de los científicos concluía: “Mantener el Complejo en su estado actual no puede considerarse en modo alguno una medida de conservación, sino la opción más perjudicial para la ZEPA, solo superada por el detrimento que causaría terminar de ejecutar el Proyecto de Interés Regional. Por tanto, al plantearse la pregunta como una dicotomía, la opción más beneficiosa es la restauración ambiental de la isla […] Desde el punto de vista global, la huella ecológica de la demolición es menor del 1% de la huella ecológica del mantenimiento del Complejo”. Otro intento más de consolidar la política de hechos consumados que ha caracterizado a las actuaciones urbanísticas en nuestro país. Por suerte, el Tribunal Supremo ha sido contundente al concluir la necesidad de demoler la totalidad del complejo. Por su parte, la mayor parte de los propietarios conocían la sentencia que declaraba la ilegalidad del proyecto antes de proceder a la compra. Así lo demuestra una de las escrituras de compra-venta en poder de Ecologistas en Acción (y similar a la del resto de propietarios, como se destaca en la propia escritura) en la que se advierte de esta situación. Además, según se recoge en el apartado quinto de este documento el propio Director General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Junta de Extremadura declara que las obras son legales y que se pueden seguir sin “ninguna limitación legal”. Nuevamente, la Junta apuntala un proceso ilegal y especulativo, sin que nadie asuma ninguna responsabilidad. También se está responsabilizando al movimiento ecologista de la falta de empleo en la zona. Mientras se inflan las cifras de empleados en la urbanización, la realidad es muy diferente: el propio alcalde de Berrocalejo acaba de reconocer que hay tres personas contratadas en su municipio. Pero estas cifras engrosadas sirven para hacer demagogia con la falsa dialéctica de los empleos versus la protección del entorno. Y, de paso, se oculta la responsabilidad de las administraciones que no han sabido promover un verdadero desarrollo sostenible con empleos de calidad en la zona. La generación de los necesarios puestos de trabajo nunca puede basarse en incumplir la normativa urbanística y ambiental. De hecho, Ecologistas en Acción ha exigido a la Junta que abandone su estrategia de búsqueda de chivos expiatorios y que se ponga en serio a trabajar para mejorar la situación socioeconómica en los pueblos afectados. Ante esta interminable serie de despropósitos, que finalmente podrían costar una importante cantidad de fondos a las administraciones públicas, Ecologistas en Acción vuelve a reivindicar su coherencia e insiste en que las responsabilidades hay que buscarlas en otros lugares.  Documentos: https://www.ecologistasenaccion.org/190431

    […]
  • Decenas de organizaciones reivindican el derecho a la energía limpia para acabar con la pobreza energética

    · Arranca la Semana contra la Pobreza Energética, en la que se desarrollarán diversas actividades reivindicativas que culminarán con una concentración el domingo 20 de febrero.   · Las organizaciones demandan al Gobierno la creación de una tarifa social que garantice el derecho a la energía limpia para las personas más vulnerables, la prohibición de cortes de suministros básicos de agua, luz y gas, y medidas para asegurar la eficiencia energética y contra la concentración de poder de los oligopolios.   · La inversión pública y local, el impulso al autoconsumo, tanto individual como colectivo, y las comunidades energéticas deben ser prioritarias para reducir la pobreza energética y facilitar la soberanía energética a la sociedad.  En la Semana Europea de Lucha contra la Pobreza Energética, alrededor de 30 organizaciones, entre ellas Ecologistas en Acción, se unen un año más para exigir soluciones con varias actividades reivindicativas, bajo el lema “La pobreza energética mata”. Además, el 20 de febrero se celebra el Día Mundial de la Justicia Social. Las organizaciones consideran que no hay mayor injusticia social que la relación directa entre el nivel económico y el impacto en la salud y la calidad de vida. “En definitiva, en el derecho a una vida digna”, exponen. La sociedad civil no es culpable de sufrir pobreza energética, sino víctima del modelo: el problema está en asumir la energía como un producto financiero y no como un derecho.    Con la actual crisis de precios energéticos, para no dejar a nadie atrás es necesario considerar legislativamente el suministro de energía como un derecho y garantizar el acceso universal a este suministro básico, que permite unas condiciones de vida dignas según los estándares actuales. Para ello, las organizaciones exigen la implementación de una tarifa social energética que contribuya a la igualdad social, de la misma manera que el acceso al sistema sanitario, y la garantía de una cantidad mínima de agua para usos personales y domésticos. La implementación de esta tarifa daría respuesta a la ineficiencia que sigue demostrando la aplicación del bono social y del bono térmico, que continúa excluyendo a millones de personas que sufren pobreza energética.   Las organizaciones recuerdan que en la Cañada Real llevan 500 días sin luz. No existe ninguna explicación coherente para esta negligencia. Hay personas que necesitan un suministro básico para la vida. En lugar de acceder por derecho, dependen de las condiciones de una empresa privada, propietaria en “monopolio natural” de la red de distribución que les facilita el acceso.    Los altos precios de la electricidad, impulsados por la tensión geopolítica del gas fósil, ponen en evidencia, a juicio de las organizaciones, el “obsceno funcionamiento del mercado eléctrico”, con un modelo marginalista que no tiene en cuenta el coste real de generación y recurre a un opaco “coste de oportunidad” en la fijación de sus precios. La escasa transparencia en la conformación de precios se produce por la elevada concentración de este mercado en muy pocas empresas (oligopolio) y su integración vertical en todas las actividades del sistema energético: generación, transporte o distribución y comercialización, lo que dificulta la entrada de nuevos actores como las comunidades energéticas o los agregadores de demanda. Además, el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), del que el Estado español forma parte, supone una gran barrera de cara a implementar medidas encaminadas a reducir el precio de la electricidad y a asegurar el acceso a la energía de toda la población, ya que una modificación profunda en el modelo energético actual podría desencadenar demandas millonarias contra el Estado. Por ello, es imprescindible la salida inmediata del TCE. Esto lleva a las organizaciones a exigir una decisión política firme y contundente para acabar con la concentración del actual oligopolio energético. También se debe adoptar la regulación adecuada y llevar a cabo la transposición inmediata de las Directivas Europeas de Mercado Eléctrico para impedir la formación de nuevos oligopolios. Solo así se evitarán posiciones de dominio de empresas cuyos intereses económicos son contrarios al cambio de un modelo energético centralizado y especulativo (basado en un crecimiento constante de oferta y demanda y en la concentración) por otro más eficiente, descentralizado, distribuido y democrático, con nuevos actores y servicios con un elevado valor social, como exige Europa.    La raíz del problema de la pobreza energética sigue siendo la misma:    1. Un injustificado alto precio de la energía (precio que no responde a su realidad de costes, considerado como un producto de lujo cuando se trata de un servicio esencial y de un derecho instrumental a otros derechos fundamentales).   2. La mala calidad de la edificación (