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¿Quién nos protege de la policía?

La historia de la policía y su creación nos confirma, a través de cualquiera de las etapas anteriores y presentes, no sólo el hecho de que no podemos confiar en la policía sino también, porqué no debemos hacerlo.

Un breve repaso

El uso moderno del término “policía” (politeia, del griego) se acuña al siglo XVIII y fue un ente creado para proteger todo lo relativo al orden del estado, la nación y los derechos cívicos de quienes lo conformaban. La realidad es que, la fuerza policial se utilizó de manera unidireccional desde sus orígenes para proteger los intereses de aquellas personas y personali­dades que sí que podían hacer uso de los derechos que anteriormente se mencionan. Por lo general, y esto tam­bién es común a todas las etapas del desarrollo político e histórico, la adquisición de derechos y oportunidades, siempre ha ido ligada a la condición social que se ocupa, por lo que, si este cuerpo específico se crea en pro de de­fender dichos derechos, estamos hablando de la creación de una fuerza estatal que trabaja para defender los inte­reses de las clases dominantes.

Desde sus orígenes hasta tal y como conocemos esta figura en la actualidad, el Estado ha utilizado a la policía para acabar con las distintas formas de desorden social provenientes de la, siempre presente, desigualdad: men­dicidad, prostitución, pandillas callejeras, vendedores am­bulantes, robos, revueltas de migrantes, levantamientos obreros, luchas sociales… en definitiva, castigar y reprimir la pobreza y proteger las propiedades privadas de los ricos.

El Cuerpo Nacional de Policía que conocemos a día de hoy en el Estado español, data de 1824 con el reinado de Fernando VII, que, más que como cuerpo de servicio y protección de todos los ciudadanos, se crea como un ele­mento de represión política tal y como se afirmaba desde el propio cuerpo: …hacedme conocer la opinión de mis pueblos, e indicarme los medios de reprimir el espíritu de sedición y de extirpar los elementos de discordia”.

Con el paso de los años hemos podido comprobar cómo, a pesar de que nos hayamos remontado a 1824, esta figura ha sufrido modificaciones estéticas y “éticas” en función del tiempo y el momento que ha tocado, pero mantiene intactos sus principios, así como sus tácticas y finalidades, así sea en la policía franquista, la de la transi­ción o la policía de la democracia.

El valor de la “seguridad”

España tiene más de 240.000 agentes policiales, inclu­yendo dentro de esa cifra a policías nacionales, munici­pales y guardia civiles. El gasto que destina el gobierno para mantener todo lo relacionado con la seguridad, la represión y la protección de los bienes materiales y ser­vicios que ellos llaman “comunitarios”, cuesta casi 60 mi­llones de euros al día, es decir, más de 20 mil millones de euros al año. En esta cuantía entran los salarios, medios e infraestructuras de policías nacionales, locales y guardias civiles, gasto militar y de prisiones. Esto es aproximada­mente 2.5 millones de euros a la hora.

La policía antidisturbios y las balas de goma

La mera existencia y creación de una unidad específi­ca destinada a reprimir las protestas y luchas en la calle, así como para efectuar desalojos y desahucios (por po­ner dos de los ejemplos más notables), nos da a enten­der el carácter político de esta unidad que está preparada única y exclusivamente a re-establecer el orden en caso de haber sido alterado mediante el uso de la fuerza. La legalidad española permite que se puedan usar balas de goma para reprimir y disolver las protestas más o menos masivas en la calle y ello ha dejado a lo largo de la historia múltiples casos de personas afectadas.

A pesar de que el gobierno dice que las pelotas de goma son “armas no letales”, está demostrado que a la velocidad que se lanzan y con la distancia que son lanza­das, estas armas pueden (y han producido de hecho), la muerte de personas y lesiones graves.

En España, desde la transición, la policía antidistur­bios ha asesinado a 9 personas, la última conocida, Iñigo Cabacas. A parte, 30 personas han perdido un ojo desde el año 1990, 7 de ellas se ubican sólo en Cataluña en­tre los años 2009-2012. Estas pelotas son lanzadas a 720 km/h, aunque la policía dice que, en realidad, van a una velocidad de 590 km/h. De cualquiera de las formas, es­tas pelotas resultan letales a partir de los 190 km/h.

Monopolio de la violencia e impunidad

Como es lógico, el Estado al dotar de tanta autoridad y presencia a un cuerpo que está a pie de calle preparado para proteger sus intereses, tiene que otorgarle un alto grado de protección y exclusividad. Esto es impunidad y monopolio de la violencia.

La violencia proveniente del estado (tanto la violen­cia física como la estructural) es siempre unidireccional y reconocida como tal ante la ley. En este caso concreto, la que es ejercida por su policía, lo es sin ningún tipo de lugar a dudas, anulando por completo la posibilidad de defensa activa o violenta por parte de cualquiera que la esté sufriendo y siendo, en tal caso, duramente castigado con elevadas penas de prisión.

Todos hemos podido presenciar, aunque sea a través de las redes sociales u otros medios de comunicación distintos a los oficiales, como se usa de forma desigual y desmedida la violencia en las manifestaciones, las prácti­cas que se llevan a cabo en la valla de melilla disparando y asesinando a las personas que intentaban llegar a tierra, las torturas en comisaría para facilitar delaciones, de­tenciones violentas, violaciones, abusos sexuales, malos tratos generalizados, los operativos policiales con regis­tros en domicilios acusando de terroristas a personas que luchan y se organizan, las redadas racistas que se hacen a diario, las multas de tráfico con afán recaudatorio, las multas y detenciones por reuniones en la calle, las absur­das sanciones y la represión que se ejerce a personas por buscar comida en la basura (porque son dueños hasta de nuestros desperdicios y castigan a quien no tienen que comer), el aumento de los abusos policiales tras la apro­bación de la ley de seguridad ciudadana (ley mordaza) que aumenta aún más el campo de actuación de la policía y les dota de más impunidad y herramientas para castigar (por ejemplo, personas que se enfrentan a penas de cárcel por intentar parar un desahucio o por protestas más o menos violentas en manifestaciones), el encarcelamien­to a personas por cantar canciones contra la policía o la apertura de procedimientos en la Audiencia Nacional a quienes expresan sus opiniones a través de internet.

Torturas y malos tratos

Según el informe de 2017 de la Coordinador a de Pre­vención y denuncia de la tortura, 224 personas denun­ciaron algún tipo de tortura bajo dependencias policiales o centros de encierro y más de 1.000 se vieron afectadas en algún tipo de situación similar. Muchas personas que sufren malos tratos y torturas en dependencias policia­les, no denuncian porque no confían en la justicia. Otros, porque no tienen los recursos suficientes para hacer fren­te al proceso y otros por miedo a las represalias. Las ci­fras son mucho más elevadas, pero este documento nos hace por lo menos evidenciar que, a día de hoy se siguen produciendo casos de malos tratos y torturas por parte de los cuerpos de seguridad.

Nadie te obliga a ser policía

Entendemos que los principales responsables de las me­didas que se toman, son los políticos y que son éstos los que crean su fuerza de choque para que pongan en prác­tica sus medidas. Pero a pesar de ello, nadie te obliga a ser policía. “Sólo acatan normas”, y se recalca ese “sólo” como si fuera algo menor. Acatan y hacen cumplir por la fuerza normas inmorales, asesinas y que van contra la mayoría de las personas. Se convierten en los que defienden a pie de calle los intereses de los gobernantes y asumen con todas las consecuencias sus acciones al ejecutar castigos físicos diarios con la excusa de la defensa de la ley. Adoptan un papel activo en los conflictos y con su presencia y actua­ción, toman posición ante ellos. Porque nadie te obliga a ser policía ni a desempeñar un papel injusto a cambio de un salario, porque el acatar órdenes no les exime de res­ponsabilidades y porque tenemos la capacidad de discer­nir entre lo que creemos justo y lo que no. Así que no, los policías no son trabajadores, ni están de nuestra parte.

Imagina un mundo sin policía

Podemos imaginar nuestros barrios sin policías. Pero no sólo podemos imaginarlo sino, que podemos tratar de materializarlo.

A día de hoy, no va a ser posible acabar con esta ins­titución de un plumazo, de la misma forma que no se podrá acabar con todas las demás. Pero nuestra actitud y el cómo nos relacionamos ante estas figuras, determinan el uso que hacemos (o que no hacemos) de ellas.

Obviar su presencia y deslegitimizar así sus acciones, muchas veces pasa por no llamar a la policía cuando te­nemos un conflicto entre los vecinos, la mayoría de las veces, conflictos fáciles de solucionar entre las personas implicadas. Hablamos de resolver estos problemas entre nosotros sin recurrir a una figura autoritaria que utiliza el castigo como forma de acabar con los problemas, pero que nunca pretende ir a la raíz de los mismos.

Los problemas “menores” de convivencia en los ba­rrios y comunidades de vecinos (desde vecinos ruidosos hasta alguien que deja la basura en la calle), tienen solu­ciones que pasan por el acercamiento y el debate entre las personas. Aunque no tenga porqué tener un desenlace positivo (porque no todos tenemos que llevarnos bien en la misma medida), es posible llegar a acuerdos y puntos comunes para poder tener una convivencia aceptable sin necesidad de llamar a la policía. De esta forma, somos nosotros los que tenemos que solucionar nuestro proble­ma y quienes tomamos la decisión que mejor nos con­venga sin necesidad de recurrir a triquiñuelas legales ni a amenazas policiales.

Existen más problemas mucho mayores que, por cómo estamos acostumbrados a funcionar, parecen imposibles de abordar sin la presencia policial. Es cierto que, tantos años de delegación parecen hacer imposible otras vías de resolución de conflictos. Para ello, es necesaria la voluntad de comunicarnos entre nosotros antes que recurrir a la lla­mada fácil, de buscar otro tipo de mediadores y tratar de enfrentar cualquier problema que se presente, actuando siempre “con cabeza” y en muchas ocasiones, alejados del sentimiento de venganza.

Y es que, después de comprender la función policial, no se nos ocurre recurrir a ellos para solucionar nuestros pro­blemas porque no nos sentimos seguros con su presencia.

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