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Una crítica transicionista al decálogo propuesto a Pedro Sánchez por las organizaciones ecologistas

El pasado 14 de junio de 2018, la denominada Confederación de Organizaciones Ecologistas (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF y SEO/BirdLife) presentó un decálogo de medidas para iniciar la Transición Ecológica al nuevo presidente del Gobierno de España, el señor Pedro Sánchez Castejón.

La toma de posición de las citadas organizaciones es algo muy loable y muy correcto, y muy oportuno, además, por dos motivos principales. Por un lado, la preocupación medioambiental de las diversas y sucesivas administraciones españolas claramente no ha estado a la altura de los retos medioambientales que tenemos por delante. Por el otro, con su toma de posición pública la Confederación Ecologista está haciendo un esfuerzo por visibilizar la urgencia de estas medidas y, recogiendo el guante que ha lanzado el Gobierno con la creación del Ministerio significativamente denominado “de la Transición Ecológica”, acepta el reto de diseñar esta transición.

Sin embargo, el documento elaborado por la Confederación no es más que un conglomerado de metas tactistas, con un excesivo peso del normativismo de cuño gubernamental, a veces demasiado alejado de las verdadera metas que se deberían de perseguir. Encima, el redactado de alguno de los puntos del decálogo no ayuda demasiado a comprender la meta global que se busca, pues resulta excesivamente detallado en aspectos muy particulares mientras deja de lado una perspectiva más general, lo cual sin duda es consecuencia del deseo de consensuar las sensibilidades y metas particulares de algunas de las organizaciones de la Confederación.

Quiero dejar claro que yo respeto profundamente el trabajo realizado por estas organizaciones durante tantas décadas, trabajo que nos permite hoy en día abordar cuestiones que sin ellas serían impensables. Sin embargo, en mi opinión, este tipo de documento abierto no facilita a la ciudadanía ni la comprensión del problema de fondo que se está discutiendo ni incentiva su implicación personal en esta discusión. El documento, más bien, parece escrito desde la Administración y para la Administración. Éste es un problema grave y común a todas las organizaciones que pretenden introducir un discurso de carácter reformista: que de tanto hablar con la Administración acaban adoptando su lenguaje y, sin darse cuenta, también implícitamente sus metas o, al menos, su manera de abordar los problemas. Lo que se suele considerar pragmatismo tiene, las más de las veces, una componente de renuncia a los verdaderos objetivos perseguidos, de modo que de tanto utilizar el lenguaje de la otra parte uno acaba olvidando de qué quería discutir en realidad.

Es por ello que, con el ánimo de contribuir a un debate que me parece importante (no solo cómo trasladar los objetivos perseguidos a la ciudadanía, sino tener más claros cómo deben ser definidos esos objetivos, al margen de la comunicación técnica con la Administración) he accedido a escribir esta crítica del decálogo, con el ánimo de que sea constructiva y, aceptando naturalmente que no en todas mis críticas estaremos de acuerdo; espero que al menos sean de alguna utilidad.

Analizaré uno por uno los diez puntos del decálogo para la Transición Ecológica, los cuales iré transcribiendo aquí en cursiva negrita acompañados de su crítica.

1.- Reconocer y reforzar el papel de la organizaciones ambientales para cumplir el artículo 45 de la Constitución, garantizando su presencia en todos los consejos consultivos con implicación ambiental, y en particular asegurar una representación adecuada en el Consejo Económico y Social. Además, pedimos: a) una Ley del Tercer Sector de Acción Medioambiental que reconozca el papel vital de estas organizaciones; y b) la derogación de la ley mordaza, restituyendo las garantías constitucionales de los derechos de reunión, manifestación y libertad de expresión.

El problema de este punto es su exceso de corporativismo: aquí las organizaciones ecologistas parecen demasiado preocupadas en qué hay de lo suyo y poco en qué hay de lo nuestro. La expresión “asegurar una representación adecuada”, así, sin cuantificar ni fijar márgenes, parece demasiado pulida, demasiado política, como si se hubiera escrito intentando no ofender algunas sensibilidades en la Administración (un problema presente en otros momentos del decálogo, lo cual refleja una vez más la adopción de una manera de hablar —e incluso de pensar— que es propia de la Administración más que de estas organizaciones). ¿Para qué se quiere estar en el Consejo Económico y Social? ¿Se pretende tener derecho de veto cuando se tomen decisiones claramente lesivas con los intereses generales de los españoles, incluyendo los de las generaciones futuras? O ¿simplemente quieren estar ahí para ser oídos pero no escuchados, estar ahí pero no servir más que de decorado? De otra parte, la petición de la Ley del Tercer Sector de Acción Medioambiental parece un objetivo demasiado específico e instrumental; ¿qué se pretende obtener con esa ley? ¿Cualquier ley que legisle este tema es aceptable? O ¿se busca —al menos, esa impresión da— asegurarse incentivos fiscales y acceso a subvenciones públicas, garantizadas al amparo de la creciente preocupación ambiental? Sinceramente, que éste sea el primer punto es muy decepcionante, porque al abrir el decálogo parece dejar claro que lo que interesa aquí es defender un interés corporativo más que uno verdaderamente general y altruista. La mención final a la Ley mordaza queda en este contexto como un verdadero pegote, un guiño para hacerse perdonar el exceso de interés particular a través de una reclamación sin duda legítima, pero que no tiene nada de propia de la Transición Ecológica y que va mucho más allá del problema medioambiental.

El primer punto debería haber sido una declaración de intenciones programática, general y ambiciosa, situando para empezar qué es lo que entienden estas organizaciones por “Transición Ecológica”, cosa que no tiene por qué coincidir con lo que está pensando el Gobierno de España. Al comenzar el decálogo de esta manera, nos dejan claro que están pensando en la futura normativa y la articulación práctica de la misma, y que en el fondo aceptan el planteamiento del problema que tenga el Gobierno —el cual, por cierto, yo desconozco, aunque tengo la fuerte sospecha de que no es lo que yo entendería por Transición Ecológica—.

2.- Anunciar y elaborar una ley de Fiscalidad Ambiental que redistribuya la carga fiscal, primando las buenas prácticas que promuevan el ahorro, la restauración ambiental y la creación de empleo ligado al medio ambiente, al tiempo que se desplaza la carga fiscal desde el trabajo hacia la contaminación y el consumo de recursos. Eliminar todos los subsidios perversos para el medio ambiente.

Cuando se habla de redistribuir al carga fiscal, ¿en qué carga fiscal en concreto se está pensando? ¿En la fiscalidad de las empresas solamente, o también en la de los ciudadanos? ¿Sufrirán los ciudadanos que no acometan estas buenas prácticas un incremento de sus impuestos? Esta cuestión es fundamental, porque es bien conocido que son justamente los ciudadanos de menor renta (los más pobres) los que viven en casas menos eficientes, usan vehículos menos eficientes, compran comida con mayor impacto ambiental, etc. Eso no es fruto de ninguna casualidad: los pobres compran lo más barato, y lo más barato es lo más ineficiente en todos los sentidos, en buena medida porque la empresa comercializadora le carga la externalidad negativa a toda la sociedad. El proponer desplazar la carga fiscal “desde el trabajo” no es ninguna garantía para las clases bajas, porque su ineficiencia está en el consumo.

La promoción del “ahorro” (se debe suponer que se refiere al de recursos, aunque no se explicite adecuadamente) es algo que está muy bien per se, pero no es algo que sea alcanzable si no se dan cambios mucho más profundos que los meramente fiscales. Al final, lo que lleva a la actual locura y despilfarro es que vivimos en una sociedad orientada al consumo creciente porque ésta en una necesidad del capital para garantizarse unos retornos adecuados. En este punto, como en todos los demás, la Confederación elude mencionar al elefante en la habitación, que es el capitalismo y su necesidad sempiterna de crecimiento; y por eso en este punto, como en todos los demás, lo que se propone son parches, meros remiendos que no atacan la raíz del problema. La prueba más clara de ello es la última e infantil frase: “Eliminar todos los subsidios perversos para el medio ambiente”. En primer lugar, sería interesante ver qué es lo que subsidia a qué, como agudamente suele señalar Pedro Prieto: toda la sociedad occidental está apuntalada sobre un gigantesco consumo de combustibles fósiles (86% de todo el consumo de energía primaria mundial), que son los que proporcionan la riqueza y los excedentes para que se puedan hacer todas las demás actividades. El consumo de combustibles fósiles es ciertamente muy contaminante, pero es él el que subvenciona todo, y no al revés. De otro lado, todo subsidio a las actividades industriales y a la mayoría de las actividades humanas es de alguna manera perverso con el medio ambiente, porque esas actividades lo modifican, en algunos casos de manera drástica. La clave está, por tanto, en el adjetivo “perversas”. ¿Es perversa una central térmica de carbón pero no lo es un parque eólico, a pesar de que el segundo tiene también un impacto ambiental que no es despreciable —aunque sea en general mucho menor que el de la central térmica—? No se puede hablar seriamente sobre estos temas con un lenguaje que es, al mismo tiempo, laxo conceptualmente y maniqueo moralmente.

3.- Liderar la defensa de la Directiva Marco de Agua ante el intento de varios países de reformarla para hacerla más permisiva. España puede ser el desierto de Europa. Las medidas más urgentes: a) Poner en marcha una Auditoría del Agua en España; b) Paralizar los Planes de Sequía y la Estrategia de Regadío y redactar una nueva con participación pública y ajustada a los escenarios de cambio climático y caudales ecológicos adecuados; c) Elaborar un Plan Nacional de Humedales; d) Suspensión del trasvase Siurana-Riudecanyes (Tarragona); y e) Retirar los recursos contra las sentencias que bloquean la construcción de los pantanos de Biscarrués y Mularroya.

En algo hemos fracasado estrepitosamente si nuestro techo, nuestro objetivo último, es la defensa de la actual Directiva Marco del Agua, como si fuera buena, como si fuera suficiente, como si realmente estuviera cambiando los procesos de degradación de la calidad del agua en España… simplemente porque nos amenazan con algo peor. Si la Directiva Marco es mala —o al menos mejorable— el objetivo debería ser superarla. Al poner el foco en su defensa, ante la amenaza de algo peor, adoptamos sin darnos cuenta la agenda del otro, que es peor y más restrictiva de lo que deberíamos querer. Pasa algo parecido con las extorsiones mafiosas: acabas pagando contento la protección que te brindan contra el mal que te podrían causar… ellos mismos. En cuanto a las medidas concretas que se enuncian, son excesivamente centradas en las normas y pocas en los hechos concretos que se quieren defender o impulsar. ¿Está de acuerdo la Confederación con el mantenimiento de los regadíos o comprenden que en el modelo industrial actual es una práctica insostenible que además puede contribuir a la degradación del suelo? ¿Qué quieren proponer como cosa concreta para el Plan de Sequía, aparte de poder participar en su elaboración? Las dos últimas medidas que se proponen son extraordinariamente concretas: puestos a entrar en ese nivel de detalle, ¿no se debería decir algo del trasvase Tajo-Segura o del caudal ecológico del Ebro, que parecen temas del mismo tenor pero a una escala bastante mayor? ¿O es que hay miedo a herir ciertas sensibilidades?

4.- Avanzar en una política agroalimentaria respetuosa con el medio ambiente: a) Crear un grupo de trabajo abierto a las ONG ambientales para fijar el posicionamiento de España respecto a la reforma de la PAC. España debe liderar una PAC post2020 más justa, sostenible y saludable. Para ello, debería asegurar más controles a la condicionalidad ambiental y que prioritariamente la financiación se destine a fines ambientales. b) Establecer una moratoria sobre los nuevos proyectos de ganadería industrial y la ampliación de los existentes.

¿De verdad que no hay temas tanto o más relevantes que las cuestiones normativas que se están mencionando? ¿Es sostenible el modelo de control para-soviético del mercado global de semillas que ejerce el gigante Bayer-Monsanto? ¿No se debería decir algo sobre el uso de organismos transgénicos, o sobre la influencia de los hábitos dietéticos de la población en la ganadería industrial y, por ende, en su impacto ambiental? Y, hablando específicamente de la PAC, ¿supone una ayuda verdaderamente redistributiva? ¿Debe promover tanto las explotaciones convencionales e industrializadas, o ha de comenzar a dar cabida a las permaculturales? ¿La regulación de las explotaciones ecológicas es la adecuada o está estableciendo de facto barreras de entrada por su abrumadora complejidad burocráctica? Creo que estos temas que menciono, y unos cuantos más, serían más pertinentes en este contexto, pero probablemente también mucho más incómodos.

5.- Poner en marcha medidas urgentes para frenar la pérdida de biodiversidad marina y terrestre. a) Oponerse a la reforma de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad que se está tramitando. b) Estimar la dotación mínima necesaria del fondo para la conservación de la biodiversidad para cumplir con las metas de Aichi, la Estrategia Europea de Biodiversidad y las Directivas de Naturaleza. c) Poner en marcha los planes de las especies declaradas en estado crítico. d) Paralizar las licencias de pesca de coral rojo en Cataluña. e) Reforzar la lucha contra la pesca ilegal IUU para seguir siendo referente en la UE y liderando a nivel internacional.

Parar la pérdida de biodiversidad es un problema extremadamente complejo que va más allá de establecer planes y normas. Ciertamente, leyes que limiten la explotación de ciertos recursos (por ejemplo, el coral rojo y la pesca ilegal) ayudan mucho, pero el problema de la pérdida de biodiversidad tiene múltiples componentes. Una de las más importante es la contaminación y otra son los desequilibrios en la cadena trófica (una especie puede estar amenazada indirectamente si las especies que le sirven de alimento están directamente amenazadas). Pero al final, lo que más efecto tiene en la pérdida de biodiversidad es la acción humana directa, ocupando espacios antes ocupados por otras especies y creando monocultivos tanto vegetales como animales. Los planteamientos de este punto son comunes a un error habitual en Física, consistente en confundir la observación con el observable; es decir, la medida de ciertos indicadores nos puede dar un cierto resultado, pero eso no quiere decir que lo que se pretende observar esté bien; solamente está bien lo que observamos.

6.- Impulsar un modelo productivo basado en la economía circular con especial atención a las políticas de residuos cero. En particular: a) Defender una Directiva ambiciosa que reduzca el consumo y distribución de plásticos de un solo uso, apoyando medidas efectivas de reducción de este tipo de productos, los sistemas de depósito, devolución y retorno (SDDR) y las alternativas reutilizables. b) Aprovechar la modificación planteada de la Ley de residuos 22/11 para conseguir la separación selectiva de biorresiduos en 2020, y adelantar la separación de textil a 2020.

A pesar de que peca de exceso de especificidad, las medidas propuestas tienen mucho sentido y utilidad real. Resta el problema —bastante frecuente— de creer que porque se establezca una cierta norma se va a conseguir un cierto objetivo, cuando éste depende más bien de las propiedades físicas y químicas de los materiales involucrados. La separación de biorresiduos y de textil en la basura común es una tarea compleja, que requiere siempre de una componente manual para ser eficaz y que generalmente solo funciona eficazmente cuando la separación se hace en origen (es decir, cuando la gente echa las cosas a la basura), lo cual requiere un alto grado de concienciación ciudadana.

Y aunque todas estas medidas están bien, la economía circular es muchísimo más que la gestión de los residuos. Implica un cambio en el modelo de producción y de consumo, lo cual a su vez implica un cambio del modelo financiero y, al final, aunque no se quiera entender, implica abandonar el capitalismo. Economía circular y capitalismo son lógicamente incompatibles; sin comprender eso, todo lo que se diga serán meros juegos florales. De ahí también la fijación por la discusión exhaustiva de detalles laterales… para no tener que entrar en el fondo de la cuestión.

7.- Presentar un proyecto de Ley de Cambio Climático, que establezca un calendario para el cierre de las centrales nucleares y el carbón en 2025 y su sustitución por energías renovables. Como primeras medidas: a) Desbloquear la Proposición de Ley de autoconsumo eliminando el impuesto al sol y las trabas administrativas y apoyando la producción en instalaciones compartidas; b) Prohibir prospecciones petrolíferas en el mar (como las que se tramitan en el Mediterráneo) y tierra (incluyendo la fractura hidráulica –fracking-).

El cierre de centrales nucleares y de térmicas de carbón es algo muy deseable por sí mismo, y la posibilidad de sustituir la generación eléctrica que representan por fuentes renovables es muy real, incluso sin recurrir a nuevas instalaciones (con el respaldo de la hidroeléctrica y los ciclos combinados de gas). Por supuesto los lobbies correspondientes argumentarán que el kw·h eléctrico se encarecería, pero la solución a eso es tan simple como cambiar el sistema marginalista del mercado (aunque a las compañías eléctricas no les interese). El autoconsumo está bien, sin más, pero es ingenuo pensar que va a contribuir en un porcentaje considerable al mix eléctrico español. Y, como siempre, conviene no olvidar que aunque la electricidad sea energía, no toda la energía es electricidad; de hecho, la electricidad viene representando un poco más de la quinta parte de toda la energía final consumida en España. Y ¿qué pasa con las cuatro quintas partes restantes?

Lo de prohibir las prospecciones petrolíferas en España está muy bien, pero es un brindis al Sol en lo que a la seguridad energética se refiere (no así en el caso del impacto ambiental, donde sin duda es beneficioso): ninguno de esos recursos tienen el potencial de cambiar en modo alguno la dependencia energética de España del exterior. De hecho, tampoco tiene demasiado sentido ofuscarse en esos proyectos: ni son rentables ni lo van a ser nunca, con lo que, más allá del postureo que hacen los promotores de estos proyectos para captar inversores incautos, no se van a explotar. Pero que aquí no se extraiga petróleo y gas no quiere decir que aquí no se vaya a consumir el petróleo y gas producido en otros lugares, tanto directamente (para usarse en nuestros vehículos y maquinaria, en nuestra industria y en la generación eléctrica) como indirecta (consumo implicado por nuestra importación de placas solares cocinadas con carbón o gas, neodimio extraído con diésel en minas remotas, acero preparado con carbón de coke en Sudáfrica, etc). Resulta por tanto un poco hipócrita denunciar la explotación de hidrocarburos fósiles doméstica mientras nos aprovechamos de la exterior. En este punto, además, se echa en falta otro tema, incómodo para las instancias gubernamentales pero que estas organizaciones conocen muy bien: el pico del petróleo (peak oil) y del resto de combustibles fósiles. Si la producción de petróleo, carbón y gas está condenada a ir disminuyendo progresivamente durante las próximas décadas, no porque queramos renunciar a esos combustibles sino por la mera física y geología de su agotamiento, deberíamos ya estar hablando en profundidad de cómo se tiene que abordar su sustitución de una manera relativamente rápida, unas pocas décadas. Pero siempre se prefiere disimular este problema bajo el paraguas de las medidas a adoptar contra el Cambio Climático, que exigen también una disminución del consumo de combustibles fósiles pero en este caso voluntaria. La diferencia no es menor, porque en un proceso voluntario se pueden tomar descansos y atajos, en tanto que en uno forzoso (simplemente, porque no se puede sacar más) las típicas componendas políticas no se pueden justificar ya que el tiempo corre inexorablemente en contra. Es por eso que el peak oil es un tema incómodo para las instancias gubernamentales, y con su actitud sumisa de ningunearlo a pesar de conocerlo la Confederación adopta, una vez más, una agenda que no le es propia y que le perjudica.

8.- Transición energética. Entre las medidas que se pueden adoptar a más corto plazo están: a) Reevaluación de los proyectos de interconexiones gasistas pues son contradictorios con los objetivos climáticos de París. Cese de los proyectos con gran oposición social como el Midcat (proyecto de gasoducto España-Francia) y dudas sobre su viabilidad; b) Reevaluación de la inversión en grandes infraestructuras de transporte en función de las demandas reales; c) Retirar la demanda de la Abogacía General del Estado a la ampliación de la ZEPA de El Hito y denegar la autorización previa al ATC.

Es cierto que ésas son medidas, entre otras muchas, que se pueden adoptar en el corto plazo. Las dos primeras son medidas de mucho impacto si se llevan adelante con todas sus consecuencias. Justamente por eso, no basta con plantearlas, sino que también se tendría que discutir el impacto industrial que tendrían y proponer un plan sensato de transición, porque, si no se hace, simplemente tendrían una gran oposición de los sectores perjudicados, que son económicamente muy potentes, hasta el punto de que podrían hacerlas naufragar. En cuanto a las dos últimas medidas, sintetizadas en el punto (c), la de la ampliación de la zona de especial protección de El Hito es algo muy específico, en tanto que con el almacén temporal de residuos radioactivos la cosa no es tan simple como denegar la autorización, sino que se tendría que prever qué se va a hacer entonces con los residuos radioactivos ya generados y que son responsabilidad de España.

9.- Medidas efectivas contra la contaminación. Las acciones que supongan una mejora de la salud pública deben ser prioritarias, como: a) equiparación de impuestos del diésel con la gasolina; b) Revisión del defectuoso sistema de etiquetas de la DGT teniendo en cuenta las emisiones reales de los vehículos; c) apoyar los planes de mejora de calidad del aire de grandes ciudades (Madrid, Barcelona).

Las medidas propuestas en este punto no son propiamente medidas de transición ecológica, sino un imperativo moral y desde hace mucho tiempo, habida cuenta de la extensa literatura sobre los efectos nocivos para la salud de las partículas emitidas en la combustión de gasolina y de diésel. La contaminación en general, y la causada por la quema de combustibles fósiles en particular, es un grave tema de salud pública. Ya que se meten en ese asunto, podrían hablar del problema que causa el uso masivo de plásticos, en particular sobre la fauna marina, y el efecto sobre la salud humana de la incorporación de microplásticos en la cadena alimentaria. El caso es que, si solo quieren hablar de la cuestión de la gasolina y el diésel, se debería abordar el uso del diésel en camiones, maquinaria pesada, barcos y calefacción, ya que esos usos generan muchas más partículas nocivas y contaminación que la automoción privada.

10.- Reducir el uso de pesticidas en un 30 % para 2020. España se debe alinear con los países de la UE más garantistas con la salud de la población y del medio Ambiente en relación a las sustancias químicas tóxicas. En particular: a) Establecer objetivos ambiciosos de reducción de uso de plaguicidas, prohibiendo antes aquellos más peligrosos y los que interfieren con el sistema endocrino. b) Evitar la concesión de permisos generalizados para el uso de sustancia prohibidas; c) Prohibir el uso veterinario del diclofenaco para salvaguardar nuestras poblaciones de rapaces. d) Iniciar la elaboración de un Plan Nacional de Salud Ambiental.

De nuevo, este punto tiene más bien un carácter de medidas ambientales, más que de verdadera transición ecológica. Eso no quiere decir que no sean medidas importantes ni interesantes que adoptar, pero se centran en un aspecto que, como mucho, es sintomático de la sociedad actual, sin ir al transfondo, la actividad industrial que las sustenta, la existencia de la cual es justamente la que explica la necesidad de emprender una transición ecológica.

Conclusión

En conclusión, encuentro que el decálogo propuesto por la Confederación es bastante poco apropiado para lo que dice plantearse. Se trata de un documento que se centra en aspectos que, si bien pueden tener su relevancia a nivel medioambiental, son tangenciales y no entran en las cuestiones profundas de lo que implica una verdadera transición ecológica. El documento está trufado de mucha terminología y términos de discusión que son los propios de la Administración, y en varios casos evidencia que se ha adoptado la agenda gubernamental, posiblemente de manera inconsciente, cuando se debería proponer y reivindicar orgullosamente una agenda propia y muy diferente. En resumen, se trata de un documento frío y sin alma con el que al ciudadano de a pie le resulta imposible sintonizar, tan alejado está lo que habla de lo que debería hablar. Si se hablara con el lenguaje de la gente común de las preocupaciones que la gente común puede tener o entender, se conseguiría un apoyo de la población para una causa fundamental, y sería justamente la ciudadanía la que podría obligar a cambiar el rumbo y acometer la verdadera Transición Ecológica. Por ello, creo que lo más urgente sería detallar de manera clara los grandes retos que se tienen que afrontar, de manera que la gente los pueda incorporar a su discurso, y dejar la plétora de detalles administrativos para las tediosas reuniones con la Administración. Llegando al público general antes que al Ministerio se podría conseguir más relevancia y más eficacia (y más legitimidad, pues no olvidemos que todos nos debemos a la ciudadanía). Para ello, el primer paso es explicar por qué se necesita una Transición Ecológica, qué significa ésta y qué se pretende con ella, y después presentar una lista clara y ordenada de prioridades, más conceptual que técnica. Eso es lo que tendría que haber sido este decálogo.

 

Escrito por Antonio Turiel

Revista para una nueva civilización

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