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Seis años de prisión, ocho años después: un juicio para impugnar el 15-M

Hace más de una década del comienzo de una de las mayores crisis económicas del capitalismo. Sus efectos más visibles fueron el empeoramiento de las condiciones materiales de vida para la inmensa mayoría (más paro, flexibilización del despido, menos pensiones), pero también el aumento del dominio de la economía sobre aún más esferas de la vida.

Con la aprobación de las reformas laborales y los rescates a la banca, los ricos se volvieron más ricos y las pobres, más pobres. Pero esto no se produjo sin conflicto. Una ola de movilizaciones recorrió el mundo e impugnó la marcha que se quiere imponer al mismo. Bajo el lema “No somos mercancías en manos de políticos y banqueros”, miles de personas con sensibilidades políticas muy distintas nos manifestamos en Madrid el 15 de mayo de 2011. Y una veintena de personas fueron detenidas esa noche, acusadas de alterar el orden, y otra veintena decidió acampar en la Puerta del Sol de Madrid para mostrar su solidaridad con las personas detenidas y exigir su liberación.

Tras un brutal desalojo de las personas acampadas en la plaza, cientos de personas volvieron a acampar al día siguiente, y miles se acabaron encontrando en la plaza en el tercer día. Durante semanas se organizaron asambleas abiertas en la plaza, movilizaciones y acciones de protesta, y también ensayos de autoorganización que apuntaban a formas diferentes de entender y de hacer. Ese movimiento, difuso y diverso, surgió de la rabia y de la indignación, pero también de la esperanza. En su primera hora se materializó con un gesto de solidaridad con las personas detenidas y en respuesta a los abusos y la impunidad de la violencia policial, que solo respondía al miedo del poder a la movilización en la calle.

Las personas detenidas el 15-M fueron puestas en libertad con cargos en espera de juicio tras pasar 72 horas detenidas e incomunicadas en comisaría. Al salir escribieron un comunicado en el que denunciaban las agresiones y vejaciones a las que fueron sometidas, tanto en el momento de la detención como durante los días que pasaron en los calabozos[1]. Ahora, tras años de instrucción, con las declaraciones de los policías como pruebas exclusivas, los tribunales han tenido a bien fijar una fecha para el juicio hace bien poco.

En febrero de 2019, casi ocho años después de los hechos, catorce de aquellas personas que fueron detenidas el 15 de mayo de 2011 acudirán a un juicio en el que se enfrentan a peticiones de penas de hasta 6 años de prisión (un total de 74 años si sumamos todas las penas).

El objetivo de la represión es claro: servir de escarmiento, asegurarse de que todo el mundo sepa que por manifestarse, protestar, organizarse y luchar se puede acabar apaleado, detenido y encarcelado. Y con ello mantener la impunidad, esconder la verdad de quién ejerce realmente la violencia, crear un clima de miedo que asegure la desmovilización y la sumisión a las condiciones dictadas por la economía, ejecutadas por los gobiernos y blindadas por la policía y la justicia. Y así, en todo el mundo la represión se recrudece, los estados de excepción se amplían y la maquinaria judicial se engrasa para evitar cualquier atisbo de nuevas protestas.

Por ello, el tiempo de condena que se cumpla el secundario. A los fiscales que acusan les importa bien poco si alguna de las acusadas acaba entrando en prisión o no. Lo que sí les importa es, como decimos, que el juicio acabe en condena, para criminalizar a todo un movimiento. En consecuencia, tal y como ya explicamos en este medio en un artículo titulado “Pactando con el diablo” (marzo 2015)[2], los fiscales piden condenas absolutamente astronómicas por unos hechos que, de ser ciertos, no son tan graves (a algunos acusados del 15-M les piden 6 años por tirar unas sillas hacia la policía que no impactaron sobre nadie). Este tipo de prácticas se hacen con un propósito claro: forzar una conformidad entre el Ministerio Fiscal y las acusadas.

Podríamos preguntarnos: ¿qué interés tendrán las Fiscales en llegar a pactos de este tipo? En un primer lugar, recordemos que si les condenan la historia de lo que ocurrió 15-M se convierte en una historia sobre eficiencia policial con una moraleja que trasciende a los medios de comunicación y a los movimientos sociales: si vas a una manifestación, corres el peligro de acabar condenado. La policía no yerra y la Justicia tampoco. Siente miedo y quédate en casa.

Por otro lado, estas conformidades tienden a evitar que las acusadas acaben en la cárcel si se trata de su único delito (a cambio de pactar, el Fiscal no se opone a que se suspenda la condena) y el Fiscal se ahorra el “marrón” de aguantar la presión de ser quien metió en la cárcel a una decena de activistas de uno de los movimientos más populares de la última década.

Otro efecto deseado (si no el que más) de los acuerdos es el de la desmovilización: al acabar todas las personas condenadas, todas ellas contarán con antecedentes penales y tendrán el futuro “hipotecado”. Se lo pensarán dos veces antes de volver a “arriesgarse” a ir a una manifestación, sabiendo que cualquier otra condena futura supondría su ingreso en prisión.

No sabemos qué ocurrirá finalmente con el juicio, si se ofrecerán o aceptarán pactos, pero en cualquier caso siempre apoyaremos a las compañeras. Frente a la represión de las luchas sociales, frente a la nueva normalidad de la mordaza y las leyes de excepción, siempre responderemos con la solidaridad.

Uno de los cánticos que más se corearon en el 15-M fue “si nos tocan a una, nos tocan a todas”. Y sigue tan vigente como siempre, porque en febrero de 2019 no juzgan a catorce personas, nos juzgan a todas.

Más información: www.15mlibertad.wordpress.com


[1] https://15mlibertad.wordpress.com/comunicado-de-los-detenidos-de-la-manifestacion-del-15-mayo-de-2011/

[2] https://www.todoporhacer.org/pactando-con-el-diablo/

 

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